sábado, 26 de diciembre de 2020

Los Reyes Magos son los padres (*)

La alocución televisiva del Rey, el 24 de diciembre de 2020, ha sido valorada por la Moncloa, antes de su emisión,  como un discurso "acertado". El propio Sánchez definió la comparecencia, en el balance político del año, realizado el 29 de diciembre,  como "valiente", añadiendo que en ella  "marcó claramente cuál es el rumbo hacia el cual quiere dirigir a la Corona" (1).
 
Los partidos políticos que configuran el espectro político han opinado de diferentes formas, como era de esperar: Casado, Arrimadas y Abascal lo han hecho positivamente. El primero dijo que era "impecable", mientras que un representante del partido de la segunda consideró, además,  que "el Rey había estado a la altura  de las circunstancias" (2). 

Por parte del PSOE, su presidenta expuso que "l
os socialistas comparten lo fundamental del discurso", poniendo  el énfasis en el firme compromiso del Rey con los valores éticos, "que están por encima de cualquier circunstancia personal y familiar" (3). Sin embargo, sus socios del Gobierno, en boca de del portavoz Echenique, destacaron el hecho de que "no haya condenado explícitamente las actividades corruptas de su padre y su evasión fiscal" (4), mientras que los partidos nacionalistas lo han valorado negativamente, tildándolo de alejado de la realidad y vacío, resaltando algunos la incoherencia entre la ética que propone y la corrupción que salpica al emérito (5).

Los discursos del Rey los escribe el propio monarca junto con sus asesores (funcionarios, al fin y al cabo) y todos son supervisados y refrendados por el Gobierno (6), en virtud del artículo 64.1 y 56.3 del Título II de la Constitución (7). Este último artículo, además de incluir su inviolabilidad, establece que sus actos carecen de validez sin dicho refrendo. Algunos sostienen que Felipe VI se escribe sus propios discursos y que el Gobierno, cuando negocia los textos, solo pide variaciones en ciertas expresiones o bien introduce alguna referencia a algún colectivo, sin que se suelan  solicitar cambios formales (8). No obstante, dado el extraordinario momento al que estamos asistiendo y la expectación creada, considero que la aportación del Gobierno ha sido mucho más relevante que la que sugiere el medio citado anteriormente. Tanto si esto es así,  como si los cambios propuestos son mínimos, los responsables de los actos del Rey son las personas que los refrendan, es decir, miembros del Gobierno,  según el artículo 64.2 del citado Título II (7). En cualquier caso, se trata de textos  protocolarios y, en virtud del artículo 56.1 de la misma Carta Magna (7), que establece que "El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y y modera el funcionamiento regular de las instituciones (...)", este debe mantenerse al margen de la contienda política en sus intervenciones (y en todos sus actos). Por tanto, si el Gobierno supervisa y aprueba los textos del Rey con antelación y los partidos políticos  conocen este mandato constitucional, deberían tenerlo en cuenta cuando se dirigen a la ciudadanía. Finalmente los ciudadanos tendríamos que ser conscientes de las funciones y limitaciones de la Jefatura del Estado y hacer una lectura crítica de lo que nos dicen los unos y los otros.
 
Así pues, lo que afirmaron las fuentes del Gobierno antes del discurso navideño y, después de su emisión, el propio presidente del Gobierno, así como la presidenta del PSOE, son obviedades. Sería lo mismo que decir que el Gobierno y su partido comparten lo que ha aprobado ese mismo Gobierno, respecto a los contenidos del texto presentado por Felipe VI para su revisión: el respeto a los principios éticos y a la Constitución, su talante renovador, el sufrimiento por los estragos de la pandemia, la preocupación por los más necesitados y, en particular, por los jóvenes o el agradecimiento a sanitarios, fuerzas armadas y cuerpos de seguridad. Toda una retahila de hechos compartidos, buenos deseos y generalidades que suscribiría cualquier ciudadano. Bueno, todos no, un "error" monumental se coló en nuestras pantallas y nos dejó ojipláticos: la declaración sobre el progreso logrado en democracia como el resultado de un pacto entre españoles, "después de un largo período de enfrentamientos y divisiones", borrando y blanqueando de un plumazo cuarenta años de opresión e injusticias.
 
No hay la menor duda de que el Gobierno es responsable de los actos y de los discursos del Rey, pero ¿tendrá también alguna  responsabilidad en lo que NO HACE O NO DICE el Monarca? El asunto es más complejo de lo que parece, ya que la Carta Magna no dispone nada sobre las omisiones Reales. Bajo mi punto de vista, siempre "limitado y muy particular", se abren al menos tres posibilidades. Si el Rey quería decirnos algo que el Gobierno no ha refrendado y ha suprimido, la responsabilidad de lo que se ha callado seguiría siendo del Gobierno, que ha bloqueado la iniciativa. Si el Gobierno pide al Rey que incluya un determinado aspecto o idea en su discurso y el Rey no lo asume, pero el texto es refrendado, el Gobierno sería responsable de lo que ha dicho, pero no de lo que ha callado. Aunque en este punto me asaltan muchas dudas, como por ejemplo, ¿puede negarse el rey a firmar o a llevar a cabo una propuesta gubernamental? Yo creo que sí, si piensa que no está dentro de las funciones constitucionales recogidas en el artículo 62 (7) o si considera que es contrario a la neutralidad que se le exige. En ningún caso podría negarse si viene avalada por las Cortes Generales, como las leyes, las declaraciones de guerra o de paz o la propuesta de candidato a presidente del Gobierno, por citar tres ejemplos.  Lo que me conduce a la tercera posibilidad: que tanto la Corona, como el ejecutivo hayan querido soslayar ciertos temas conflictivos que parte del espectro político situado a la izquierda o nacionalista reclamaban. En este caso serían ambas instituciones las responsables del silencio. 
 
¿Cuáles son esos temas calientes que podrían haberse tratado y no se hizo?  Son varios. Entre ellos quiero destacar los planes para renovar la Corona;  la respuesta de la institución que representa a los problemas judiciales del anterior Jefe del Estado; su opinión sobre la legitimidad del actual Gobierno de coalición, cuestionada por algunos partidos y por exmilitares en cartas y  chats golpistas o la posición de la Corona, símbolo de la Unidad de España, sobre las legítimas y democráticas aspiraciones independentistas. 
 
¿Por qué deberían haberse abordado estos temas, si entran de lleno en la disputa política? Mi respuesta tiene que ver con el posicionamiento de la Monarquía como garante de la Constitución, la cual  acoge en su seno,de una manera u otra, cada uno de los aspectos silenciados: La renovación de la Corona estaría vinculada a la forma de Estado, cuyos poderes emanan del pueblo; la respuesta de la institución a los problemas judiciales del emérito encajaría con el reconocimiento de la igualdad de todos ante la ley; la cuestionada legitimidad del Gobierno de coalición se encuadraría con el papel del Congreso de los Diputados en la elección del presidente del Gobierno; las opiniones golpistas de los exmilitares podrían abordarse desde el papel de las Fuerzas Armadas en defensa de la Constitución y  las aspiraciones secesionistas podrían relacionarse con los mecanismos de revisión total o parcial de la Carta Magna, lo que podría afectar a la indisolubilidad del territorio.
 
La suposición de que el Rey habla con voz propia en temas institucionales me recuerda a mi infancia: es un mito navideño. No sé si lo habrá hecho su padre en alguna ocasión (no me refiero a sus negocios particulares). Probablemente el discurso en TVE a raíz del Golpe del 23 F, cuando el Gobierno estaba secuestrado, fue cosecha propia. Quizás el 3 de octubre de 2017, Felipe VI elaboró su duro alegato contra la Generalitat
sin el beneplácito de Rajoy, como sostienen algunos medios (8). Sin embargo, yo creo que el Gobierno siempre ha estado y estará detrás, supervisando y refrendando para que sus actos tengan validez constitucional. Por eso, cuando leo las valoraciones sobre sus reflexiones institucionales me ocurre lo mismo que cuando cuentan en la tele que los Reyes Magos están llegando de Oriente en camellos para entregar sus regalos. Todo el mundo sabe que no es verdad, salvo los más pequeños (9), pero fingimos que nos lo creemos para que no se disipe la ilusión infantil o esa otra que consiste en compartir una herencia cultural común. Ese mismo fingimiento con el que le decimos a los niños que sus Majestades no les van a trer juguetes si no se portan bien (¡vaya chantaje!) se parece al que practican los líderes de los partidos políticos cuando valoran los actos y proclamas Reales: No tienen en cuenta que las voces con las que habla la Monarquía son como los Reyes Magos, no existen; que el Gobierno que valida esas voces son los padres, responsables también de que nos lleguen los mensajes y que los ciudadanos son los ingenuos niños que se creen (o no) a unos y a otros de forma acrítica.
 
Pero eso no es todo. La presidenta del PSOE terminó su comparecencia con la siguiente sentencia:  "Confiamos en que el rey siga adelante con la renovación de la institución monárquica, para convertir nuestra monarquía parlamentaria en una institución del siglo XXI a plena satisfacción de todos los ciudadanos" (11).  No debería extrañarnos, lo sabíamos desde que el PSOE coronó con éxito la Transición Española en 1982. Pero no esperábamos que muy pocos dias después, el 29 de diciembre, el presidente Sánchez anunciase, en rueda de prensa, que la Corona va a emprender "paso a paso" una hoja de ruta de renovación en cuanto a "transparencia y ejemplaridad" (12). 
 
La declaración premonitoria de la presidenta socialista y el posterior anuncio del jefe del ejecutivo sobre la Corona resuena, en estas extrañas navidades, a parte de guerra lejano, actualizado y abierto hasta el amanecer: En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército republicano del consejo de ministros (ese que tanta caña ha dado a la Monarquía estos últimos meses), las tropas socialistas del ejecutivo han álcanzado sus penúltimos objetivos políticos. ¿La guerra ha terminado? 
 
¡Qué gran regalo de Reyes para las derechas y qué gran saco de carbón para los que transitan por las antípodas ideológicas! Muy bien empaquetado y adornado, colocado bajo el árbol de Navidad que preside el Consejo de Ministros
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) NOTA: Y las madres. Como en el resto de la entrada, nos referimos al género masculino y femenino a la vez, siguiendo las orientaciones de la RAE.
 
 
 
 
 

miércoles, 12 de junio de 2013

La Mezquita sale por el Este




Fuente: http://www.secretolivo.com/index.php/2013/04/25/informe-mezquita/
Discutir sobre  la propiedad de la Mezquita o de la Mezquita-catedral, como usted prefiera, es un debate políticamente incorrecto y, a juzgar por el desconocimiento generalizado de la realidad, muy necesario. Lo sé por experiencia. Una mañana de mayo, durante uno de los recientes Paseos de Jane, y a remolque de  la intervención de un experto/a jurista sobre otros edificios singulares, pregunté por la propiedad de nuestro emblemático monumento nacional. El coloquio, que hasta entonces había transcurrido en tono distendido, enmudeció de golpe. El interpelado/a respondió que la Mezquita es de la Iglesia, extrañándose de que esto pudiera cuestionarse. Tras constatar que solo existía esa  única, superficial  y contundente  respuesta para la inmensa mayoría de los paseantes (casi todos universitarios), me sentí impulsado a pedir disculpas por sacar a colación un  tema tan incómodo. Pero eso fue ayer y fruto de las circunstancias. Hoy insisto: ¿De quién es la Mezquita? Y para ser más prosaico: ¿De quién debería ser el “donativo” que se recauda por su visita? Lo hago aquí y ahora, mientras paseamos por las retorcidas líneas de esta polémica colaboración, alejados de las razonables reivindicaciones de desahucio espiritual del edificio o de uso compartido.

Que la Mezquita  pertenece a la Iglesia Católica, puesto que entre sus muros se construyó la Catedral hace cientos de años, es de ese tipo de “verdades” que no resisten un análisis objetivo. La Historia nos muestra que la Mezquita  siempre ha sido un bien de dominio público, incluso durante la Dictadura, hasta que en marzo de 2006, el Obispo de turno la inscribió por primera vez (la “inmatriculó”) en el Registro de la Propiedad, con el nombre de Santa Iglesia Catedral, argumentando su “toma de posesión” en 1236, mediante ceremonia litúrgica, y su consagración, poco tiempo después. Pero un  ritual no prueba que un bien sea nuestro. Tampoco lo es el uso continuado ni la inscripción en el registro. La propiedad eclesiástica de la Mezquita es una verdad aparente, como la salida del Sol por el Este, que solo ocurre ¡dos veces al año! Bajo ella subyace la legítima verdad, desconocida para la inmensa mayoría de los ciudadanos/as. Podríamos argumentar, en primer lugar, que, siendo las Administraciones las  que corren con los gastos de sus obras y su mantenimiento desde hace siglos, debería ser del Estado. Pero voy a profundizar un poco más: La inscripción en el registro se llevó a cabo  gracias a un Real Decreto del Gobierno de Aznar en 1998, basado en el  artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946, que equipara  la Iglesia con el Estado a la hora de inscribir inmuebles, y en el artículo 304 del Reglamento Hipotecario de 1947, que establece que las certificaciones para inscribir los edificios serán expedidas por los Diocesanos respectivos, cuando se trate  de bienes de la Iglesia. Es decir, que una Ley y un reglamento preconstitucionales, que consideran a la Iglesia parte de la Administración Pública y  “funcionarios” a sus Obispos, han permitido al Cabildo Catedralicio “apropiarse” de la Mezquita.  ¿Cómo fue posible semejante aberración legal e intelectual, si el artículo 16.3 de la Constitución Española establece que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”

Si la inmatriculación es inconstitucional porque atenta contra el principio de aconfesionalidad del Estado, entonces la Mezquita no es de la Iglesia. Es del propio Estado. O de los cordobeses/as. Solo hace falta que un juez derogue los dos citados artículos. O que se gane un recurso ante el Tribunal Constitucional. Ni el ayuntamiento (de IU, hace varios años) ni la administración andaluza han impulsado medida alguna al respecto. Hace varios meses, un diputado cordobés del PSOE pidió al Defensor del Pueblo y al Alcalde de Córdoba que se le exija a la Iglesia el  pago del IBI por este edificio (como manda la UE). Con los recortes del Gobierno central y autonómico en el punto de mira de la opinión pública, esta solicitud más bien parece una ocurrencia interesada de un partido que, cuando gobierna, no hace nada por darle al César lo que es del César. Es decir: Simple demagogia electoralista y… falaz, ya que nadie paga el IBI por lo que no es suyo. De llevarse a cabo,  pondríamos fecha, firma y sello al expolio (sutil) de la Mezquita y, de esta forma, este Patrimonio de la Humanidad se ocultaría para siempre ante nuestros ojos y, sobre todo, ante  las arcas empobrecidas del Estado. No sé si lo haría por el Oeste, como el astro rey durante los equinoccios. Pero, probablemente, nos hundiría un poco más en este confesional solsticio invernal en el estamos atrapados.


La Mezquita forma parte de una monstruosa incoherrancia (*) y es por eso que incluyo este artículo en mi blog. Se lo dedico, especialmente, a mi amigo Antonio Manuel, por sus conocimientos y por sus consejos en su redacción.  Gracias, amigo insurrecto.

(*) Incongruencia intelectual y/ o ética, acomodada desde hace tiempo en la mente colectiva, que casi nadie se atreve a cuestionar y que no sabemos, no queremos o no podemos eliminar. Por extensión metafórica, añadiremos que se extiende como una mancha cultural  por inercia, interés o impotencia, sin que  exista una clara voluntad colectiva para limpirala definitivamente.

lunes, 13 de agosto de 2012

Una incoherrancia poliédrica (2ª parte)

Una incoherrancia poliédrica (1ª Parte)

Artículo de la inviolabilidad del Rey en la Constitucion de 1812

La falta de control democrático y la inviolabilidad Real

El Rey está fuera de control. Pero no sean "mal pensados". No me refiero a las correrías sentimentales del Monarca, que no me interesan y que, desde el punto de vista que nos ocupa, son intrascendentes... si no afectan a sus obligaciones constitucionales. Lo que quiero decir es que el Rey no tiene que rendir cuentas ni someterse al control de las instituciones democráticas, como el Ejecutivo o el Parlamento.

Ni siquiera ante el Poder Judicial, ya que,  según el artículo 56 de la Constitución, la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2 (sobre el relevo de los miembros civiles y militares de su Casa) (6).

En este sentido, según la sinópsis del propio artículo,  ambos términos, inviolabilidad (repecto a su persona) e irresponsabilidad (respecto a sus actos institucionales), significan que no se puede perseguir criminalmente al Monarca y que la responsabilidad recae en las personas que refrenden sus actos, como por ejemplo, el Presidente del Gobierno (6).  Esto equivale a un  status especial de inmunidad en virtud del cual el Rey se sitúa por encima del debate político y al margen de los Tribunales de Justicia. Tampoco podría ser juzgado en caso de violación o asesinato. Para ello tendría que abdicar y, de momento, no hay en España una ley orgánica que lo regule (7). Por el contrario, si se pueden  someter a juicio a los demás  miembros de la Familia Real.

La inviolabilidad e irresponsabilidad del Rey son, además de privilegios absolutos respecto al resto de los ciudadanos/as,  un obstáculo para la Justicia. Por ejemplo, ¿podría investigar la Fiscalia las  hipotéticas implicaciones del Rey en los tejemanejes de su yerno? No lo sé, aunque me inclino a pensar que no. Pero, aunque fuese posible hacerlo, no podría ser juzgado por ello. Algo incoherente y contradictorio en una verdadera Democracia: No perseguir a los delincuentes y dejar impunes los delitos. 

El coste económico

El mantenimiento de la Casa Real es un gasto económico impuesto por la genética. Su presupuesto, transparente desde hace muy poco tiempo,  gira alrededor de una línea hereditaria en la que el parasitismo, dicho sea con todos lo respetos, campa a sus anchas.

En el 2012 este presupuesto ascendió a 8.264.280 euros, desglosados de la siguiente manera: Gastos de la Familia Real (9,13 %), gastos de personal (48,4 %), gastos en bienes y servicios (40,7) %, contingencias (0,85 %) e inversiones reales (0,91 %).

Algunos argumentan que el mantenimiento de la Presidencia de la República costaría más, apoyándose en los datos contables de algunas repúblicas europeas. Yo creo que la Presidencia de la República en España costaría menos que la Monarquía, a juzgar por las cifras y porcentajes que se manejan. Nos  ahorraríamos, al menos, una buena parte de los gastos destinados a la Familia Real, como el sueldo del Príncipe y las asignaciones de la Reina y las Infantas, ya que solo tendríamos en nómina a un Presidente. Además, podríamos ahorrarnos gastos en bienes y servicios, si la residencia del Presidente de la República fuese más modesta que el palacio de la Zarzuela.  Incluso podrían ser menores los  gastos de personal: Altos cargos, secretarios, funcionarios, administrativos, laborales, etc. Eso sí, como correspondería al plus de democracia vinculado a la República, habría que sufragar el importe de las campañas electorales de los partidos políticos y los gastos electorales de las elecciones presidenciales cada X años.

Tal vez mi hipótesis sea errónea. En cualquier caso, siempre podremos decir que dedicar un solo euro  a la Casa Real no es coherente con los valores democráticos, a partir del resto de los argumentos de esta entrada.

Su confesionalidad
 
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/los-reyes-presiden-este-julio-ofrenda-apostol-santiago-20200725_831288
 
La Casa Real es católica, apostólica y romana, aunque cuando le interesa, se acoge a los beneficios de la sociedad civil, obviando su convicciones religiosas. O sanciona leyes que van en contra de las mismas, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, como en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (8).

Y aunque el Rey no recibió la Corona por la Gracia de Dios, sino por la de Franco, su Casa mantiene  unos estrechos vínculos con la Iglesia Católica: Bodas, bautizos, funerales, patronos, misas, etc. en absoluta contradicción con la letra y el espíritu de la Constitución que establece en su artículo 16.3: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones."  

Machismo "Real"

Línea de sucesión de la Casa Real


La imagen superior, del diario el Mundo, describe la línea de sucesión de la corona Española  y la reforma de la Constitución necesaria para satisfacer  el principio de igualdad entre sexos, que también recoge el artículo 14 de la Constitución (otra paradoja constitucional). Los artículos referidos a la Corona establecen prioridad para los hombres en la línea sucesoria (Ley Sálica). El Príncipe de Asturias, por tanto, ocupa el primer lugar en la sucesión, por delante de su hermana Elena. Tras el Príncipe, está su hija mayor, y, en tercer lugar la pequeña, que no había nacido cuando se hizo el gráfico anterior. La Duquesa de Lugo y la de Palma, ocupan el cuarto y séptimo puesto respectivamente.

Pero, ¿qué sucedería si del matrimonio de Felipe y Letizia naciese un hijo varón? Pues que sería el legítimo sucesor de la Corona, por delante de sus hermana. ¡Esto sí que es machismo! ¿Machismo?

Analicemos esta discriminación.

La propuesta de  cambio del Título II, referido a la Corona, surgió a raíz del anuncio del embarazo de la Princesa de Asturias en 2005. La reforma, si se llevase a cabo, supondría que tras Felipe (no creo que se cuestione el reinado del Príncipe), reinaría  su hija mayor. Se trata de un cambio complicado de llevar a la práctica, ya que exige la aprobación de la reforma por una amplia mayoría, la disolución de las Cortes,  la convocatoria de elecciones, que las nuevas Cortes aprueben la reforma y que el pueblo español se pronuncie en referéndum (Título X de la Constitución).

Y es aquí donde aparece una nueva y sutil  incoherrancia. Supongamos, por un momento, que el Título II de la Constitución fuese machista, porque, al preferir a los varones respecto a la hembras en la línea sucesoria, impediría  el acceso al trono a una mujer (la Infanta Elena) o bien, a una de las hijas del Príncipe Felipe, si tuviese un hermanito. Supongamos que se modifica la Constitución y se introducen los cambios necesarios para permitir el acceso a la Corona a  la combinación genética para ser Reina (con los cromosomas XX adecuados). Si esto se decidiese así, para evitar la discriminación sexual, entonces nos surge esta pregunta: ¿A cuántas mujeres y hombres con nacionalidad española, que no tienen esta combinación genética,  se les está discriminando a la hora de ser Jefe/a  del Estado?

Si, efectivamente, el Título II de la Constitución es machista, pero sobre todo es ¡borbonista! ya que  impide ser Jefe/a de Estado a millones de hombres y mujeres. No pretendamos darle  un barniz de feminismo o de lucha por la igualdad entre sexos a una norma que nace de la desigualdad más absoluta: Que sea Jefe/a de Estado una determinada combinación de cromosomas procedentes de un  Borbón y  de una periodista metida a Princesa (9).

Notas 

(6) Artículo 64:  1. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso. 2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.

(7) artículo 57.5 de la Constitución.

(8) Me pregunto qué hubiese sucedido si el Rey, en un ejercicio de coherencia relligiosa, no hubiese sancionado este texto legal. Seguro que algún iluminado se habría inventado algún ardid para obviarlo.

(9) http://www.caffereggio.es/2006/10/02/feminismo-monarquico-de-ramon-de-espana-en-el-periodico/

martes, 7 de agosto de 2012

Una incoherrancia poliédrica (1ª Parte)


Juancarlistas

Otra vez  la Monarquía

Recordará el lector/a que en el capítulo dedicado a los recortes, en la primera entrada  de este blog, traté la rebaja salarial "Real" como una burla o una tomadura de pelo a los funcionarios,  que por obra y gracia de Rajoy, Merkel et al.,   de rodillas ante  los puñeteros mercados, van (vamos)  a ver reducidos el sueldo en un 7 % mediante el "hurto extraordinario"  de la paga navideña. 

En esta entrada insisto en la vía de agua abierta: La nueva  incoherrancia  tiene también sangre azul. Y como viene siendo norma de la casa, comienza con una mirada  hacia el pasado reciente. 

Trasladémonos a la 1:14 de la madrugada del 24 de febrero de 1981, tras la irrupción del Teniente Coronel Tejero en el Congreso de los Diputados, el día anterior. Escuchando al Rey (1),  gran parte de los españoles se hicieron monárquicos o, al menos,  afianzaron su fe en esta forma de Estado que heredamos  de la Dictadura. La Corona, refrendada el 6 de diciembre de 1978 por una amplia mayoría del pueblo español, quedó firmemente anclada, aquella madrugada, en la cabeza de D. Juan Carlos. 

Lo confieso con cierta vergüenza: He de reconocer que hasta yo mismo, con 23 años, me senti "monárquico" aquella inquietante noche de tanques en la calle y uniformes en TVE. Y como millones de españoles, participé de ese sentimiento que algunos denominan juancarlismo, una especie de ilusión monárquica colectiva que encumbró al Rey Juan Carlos a la cima de la Democracia. Considere el lector/a esta entrada, entre otras cosas, como una especie de penitencia autoimpuesta por semejante desvarío juvenil.
La Constitución y la Corona 


La Constitución  establece en su Título preliminar que la forma  política del Estado español es la Monarquía Parlamentaria y desarrolla, en el Título II, todos los aspectos relacionados con la Corona, desde sus funciones, hasta la sucesión.

Pero esta entrada no trata de las preferencias de los españoles/as en torno a la Monarquía. Ni siquiera  deseo valorar el deterioro de la imagen de la Casa Real merced a los escándalos de su yerno Urdangarían o a los propios errores del Monarca.

A pesar de todo lo sucedido en el 2011-2012, muchos analistas sustentan la vigencia de la Monarquía  en las encuestas, como la que figura en la imagen superior, realizada antes del accidente del elefante. De ella se deduce que la mayoría de los españoles prefieren la Monarquía Parlamentaria a la República, aunque en acelerada disminución desde el año 1996. Se observa también  un matiz muy importante: Este porcentaje se iguala entre los más jóvenes, lo que podría anunciar un futuro poco  halagüeño para la Institución Real. Finalmente hay medios de comunicación  que, a pesar de todo,  creen que la Monarquía no está en crisis.

Mis reflexiones van por otro lado y se resumen en esta frase: Esta forma de Estado es anacrónica e incompatible con los valores democráticos. 


El rey puesto en duda
Igualdad ante le ley y bla, bla , bla.

Los seres humanos no nacen iguales. Que se lo digan a los padres y madres de los recién nacidos en países en vías de desarrollo o a las mujeres en Afganistán.  Es una verdad que, aunque  la asumimos con bastante  naturalidad,  debería obligar a la sociedad en su conjunto, y a nosotros uno a uno, a hacer algo para paliar las tremendas desigualdades con las que nacen, crecen y mueren los seres humanos. Yo creo que este debería ser el principal  objetivo de la ONU: Erradicar la desigualdad y la pobreza. El otro, la Paz Mundial, está muy vinculado a la eliminación de la  miseria, tanto  material, como moral.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece, en su primer artículo,  todo lo contrario a la cruda realidad descrita en las líneas precedentes: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros". No es más que una meta, un  ideal que obliga a los Estados firmantes, entre ellos al español, a elaborar leyes democráticas que sirvan como herramientas para  compensar estas desigualdades. Por eso, la Constitución Española de 1978 dispone, en su artículo 14,  la igualdad ante la Ley de todos los españoles (y españolas, obviamente, aunque el lenguaje del 78 sea sexista): "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

La incoherrencia monárquica 

Incoherencia y ranciedad son las señas de identidad de una incoherrancia. Partiendo de esta premisa, ¿hay algo en nuestra sociedad  más incoherente y más rancio que la Monarquía?

Esta incoherrancia es, además,  poliédrica. A mí se me ocurren seis caras para describirla: Su origen, su naturaleza,  la ausencia de control democrático y la inviolabilidad del Rey, su coste económico y su confesionalidad religiosa. Probablemente haya alguna más. Vamos a abordarlas una a una.

Su origen

El Rey recibió de un Dictador su nombramiento como Príncipe heredero. Esto, de por sí, es inaceptable para construir los cimientos de una Democracia.  Se nos justifica alegando que el paso de un régimen autoritario a otro basado en las libertades se hizo respetando la legalidad vigente, mediante la Ley para la Reforma Política, lo cual permitió una transición pacífica, que de otra manera hubiese sido imposible.  Sin embargo, esta ley, al igual que la de la Sucesión en la Jefatura del Estado,  fueron aprobadas por unas Cortes franquistas y  "refrendadas" por el pueblo  en el 47 y en el 76, respectivamente, en ausencia de libertades mínimas, por lo que su valor democrático es nulo. Como dice José López en su libro "La causa republicana",  "la Monarquía fue una especie de chantaje, más que una libre elección: Democracia con Monarquía o franquismo sin Franco"

No obstante, muchos partidos políticos, independientemente de su ideología (2), pasaron por el aro de la Corona durante la Transición, que culminó con el SÍ a la Constitución Monárquica en el Referéndum del 78. Pero, a pesar del apoyo de los partidos políticos mayoritarios y de la ciudadanía en general, ¿fue una decisión libre del pueblo español? Por supuesto que no. En primer lugar solo hubo una opción, la de votar SÍ. El NO significaba quedarse congelados en el tiempo, sin avanzar ni un paso hacia la libertad. En segundo lugar, la situación política era inestable, los ciudadanos/as sentían miedo, casi terror, a una hipotética intervención del Ejército, bajo el pretexto de la violencia  terrorista y del separatismo, por lo que el ambiente que se respiraba no era el más adecuado para decidir. Por último,  se nos  "vendió" en un solo paquete la Democracía y  la Monarquía, como si fuesen inseparables, cuando en realidad son casi antagónicas.

A pesar de todo, es posible que en 1978 hubiese existido un cierto consenso para aceptar que la Jefatura del Estado recayese en manos de D. Juan Carlos. Pero, 34 años después de la aprobación de la Constitución, ya es  hora de culminar la Transición y comenzar a cuestionar el cuasi oxímoron Monarquía-Democracia. Algunos partidos políticos, dentro y fuera del arco parlamentario, ya lo están haciendo (3), mientras se debate sobre la viabilidad de la 3ª República en los medios de comunicación y se reflexiona sobre los contenidos de una Constitución Republicana  (4).

Su naturaleza

La transmisión hereditaria de la Jefatura del Estado, en virtud del Título II, es un insulto a la inteligencia y a la ética. La función pública no puede ser heredable, aunque el futuro monarca se haya preparado para ejercer su profesión concienzudamente (5). Es la gran paradoja constitucional: Un privilegio que atenta contra el principio básico de la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, consagrada en la misma Constitución. La herencia de un trabajo, de un salario y la posibilidad de transmitirlos a su vez a sus descendientes sine die,  contradice las más elementales normas de la justicia y del sentido común.

Por otra parte, entraña un peligro para el propio Estado: ¿Qué sucedería si la persona en la que recae esta responsabilidad es manifiestamente inútil? ¿O si se muestra incompetente durante su reinado? ¿Y si es un "chorizo"? El Parlamento, a pesar de disponer de recursos para inhabilitar al Rey en casos excepcionales (artículo 59), no nos protege frente a este otro peligro "Real". La elección democrática del Jefe/a del Estado  y la exigencia de responsabilidades políticas y penales evita este grave  inconveniente.  Chirac, en Francia,  y  Berlusconi, en Italia, saben muy bien lo que es eso.

La Democracia en peligro por estas circustancias se vincula, obviamente, con  la ausencia de control y la inviolabilidad del Rey, que vamos a tratar, junto con las demás facetas de esta incoherrancia, en una segunda parte.

... 

Notas 

(1) Probablemente tardó mucho tiempo en dar a conocer a los españoles en qué lado estaba. El Pais: "El Rey me puso en alerta: ¡Cuidado con Armada!

(2) Incluyendo al PSOE, UCD, AP, PCE, PTE, ORT, PSUC, etc. Y sindicatos como UGT y CCOO.

(3)  Izquierda Unida y Equo, por ejemplo, abogan por la República como forma de Estado.

(4) ¿Cómo concibe usted la III República? Entrevista a Julio Anguita en abril 2012 (...) La III República es la respuesta a tres preguntas: ¿Por qué? ¿Qué contenidos? y ¿Cómo? Para desarrollar la primera pregunta abordo tres razones que abonan la necesidad de afrontar la cuestión republicana: el fiasco de la Transición, la herencia republicana y los problemas de hoy en día. 
Los contenidos o ejes de la futura constitución republicana son siete: 1. Aplicación y concreción de las tres generaciones de DDHH: los políticos, los sociales y los medioambientales. 2. Opción por la Paz. 3. Laicidad consecuente del Estado. 4. Democracia en toda su plenitud. 5. Educación, Cultura, Investigación y virtudes cívicas. 6. Estado Federal. 7. Los dos pilares de nuestra opción exterior: Europa como unidad política y Latinoamérica como incorporación de España al futuro.
El ¿cómo? desarrolla lo que he venido en llamar proceso cívico constituyente.


(5) Si  hubiese esa opción, mi hijo en el paro, podría heredar cuando me jubile, mi puesto de profesor de Biología.  ¡Los estudios los tiene!)




lunes, 23 de julio de 2012

Subidas y recortes salariales (*)

El Jueves, 17.07. 2012
Las diferencias salariales

La búsqueda de salarios más justos, el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores/as y el acortamiento de las diferencias salariales entre los que ganan más y los que ganan menos,  en una determinada empresa, son objetivos a tener en cuenta en la práctica sindical. Mi cuñado me lo recordaba muy a menudo, refiriéndose a la antigua Telefónica. Sin embargo,  no se consigue avanzar todo lo que se desea y,  en muchos casos, el sueldo medio de los altos directivos acaba siendo más de 100 veces el sueldo medio de los trabajadores/as.

Casi todos aceptamos de forma acrítica la existencia de un amplio margen de desigualdad en las nóminas,  como parte esencial del modelo productivo: Unos mayores incentivos salariales en los directivos, vinculados a los resultados, estimulan su implicación en la empresa, con el fin de aumentar los beneficios. La moderación de los salarios, en un escenario de paro como el que estamos viviendo,   permite al empresario aumentar la productividad y la competitividad y, por tanto, aumentar también los beneficios.  El objetivo  final es el mismo.

En resumen, en el mundo laboral las desigualdades son extraordinarias: Hay personas que ni siquiera tienen trabajo  y, entre los que lo tenemos, los hay que cobran una miseria, mientras que otros/as tienen sueldos desorbitados, como los directivos de las empresas del IBEX 35.

Hay también diferencias significativas en la horquilla de la desigualdad absoluta en el mundo de las finanzas. Hace varias semanas, un directivo de Triodos Bank (Banca Ética) le contaba a Jordi Évole (Programa Salvados, en La Sexta) que el sueldo del presidente de esta Entidad en Holanda, es de unos unos 10800 € al mes, mientras que  el de  un auxiliar con el sueldo más bajo, en España, es de unos 1200 €. Es decir, ¡solo 9 veces más entre el sueldo máximo y el mínimo! Obviamente esto no ocurre en la Banca convencional. Por ejemplo, Rodrigo Rato, ex-presidente de Bankia, ganaba 2,3 millones de euros al año cuando lo mandaron al paro; probablemente  más de 120 o 150 veces el sueldo de muchos de  sus subordinados.

 SMI y subidas porcetuales en 1987

La primera incoherrancia de este blog no es la desigualdad salarial (que sería la madre de todas las incoherrancias), sino las subidas y los recortes porcentuales en nuestras nóminas, que aceptamos colectivamente sin voluntad de cambio. Para ilustrar las primeras voy a viajar a 1987 y como no he encontrado información en la red, el lector tendrá que fiarse de las notas que  escribí en su día,  rescatadas del polvo del olvido para inaugurar este blog.

Hace 25 años el ministro Solchaga  sostenía, en los medios de comunicación, que  subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 18 %, como proponía CCOO, era demagógico. Por aquel tiempo, el SMI para los mayores de 18 años era de 253 €  al mes (unas 42.200 pta, en  la mondeda vigente), lo que suponía unos 8,4 € diarios. Los ministros cobraban 20.973 pta/ día (7.655.300 pta al año en 12 pagas), unos 125,8 € diarios. Por tanto, la subida del 18 % del SMI, propuesta por el sindicato,  significaba una subida de  unos 1,5 €, por lo que el SMI hubiese ascendido a  unos 9,9  € diarios.

La subida salarial para el año 1988 fue, finalmente,  del 5 %, por lo que el SMI subió solo 0,42 €, hasta los 8,82 € diarios. Aquel año, a los ministros/as se les aplicó la misma e igualitaria subida, por lo que cada uno de ellos  recibió unos  6 € más cada día, poniéndose en unos golosos 131,8 €. En resumen, antes de la subida, la diferencia entre el sueldo de un  ministro y el SMI era de 117 € diarios. Después se hizo algo mayor, de unos 123 €. Es decir, al aplicar ese "justo" 5 % de subida salarial a todo el mundo, los Ministros aumentaron "un poco más su riqueza" respecto a la de los 400.000 perceptores del SMI de aquel año, aunque la proporción entre entre las nóminas  se mantuviese en 15:1. (1)

De modo que era demagógico subir 1,5 € al día  el SMI, mientras que era muy democrático, igualitario y justo subirse 6 €  a sí mismo y a sus colegas. Una  subida, la de los ministros, que equivalía al ¡68 % del propio SMI! (2).

Para entender las motivaciones de Solchaga hay que decir que el SMI, además de fijar la paga de los trabajadores/as que no están incluidos en ningún convenio, es un referente para muchos de los gastos del Estado,  por lo que su subida propiciaría  el aumento de  una serie de retribuciones, entre las que destacan las pensiones mínimas, las becas, el subsidio de desempleo, las del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y diversas rentas mínimas de inserción. Y eso era demasiado "socialismo" para  Felipe González.

No recuerdo cuál fue la respuesta de CCOO a la cara dura del Ministro. Supongo que el tema del SMI fue una gota de agua más en el vaso de las afrentas del Gobierno de turno a la clase trabajadora,   hasta que el vaso se derramó y motivó la  Huelga General de 1988.

Recortes y solidaridad "Real" en 2012

Pero avancemos un poco más en el tiempo y en este tipo de  Incoherrancias y centrémonos en los recortes impuestos por el Gobierno de Rajoy en julio de 2012. Nos anuncian una bajada de sueldo a los funcionarios de un 5 a un 7 % de media, equivalente a la paga extra de Navidad. Como consecuencia de los recortes, el rey ha decidido reducirse su sueldo en 20.910,86 euros para este año.  Es decir, que su teórica rebaja salarial, la correspondiente a la paga extra media de un funcionario, va a ser mayor que el sueldo anual de muchos funcionarios: ¡Un recorte salarial del funcionario Nº 1 igual a una paga anual completa de otro funcionario X!

Se nos vende esta rebaja como una muestra de solidaridad de la Casa Real, pero me asalta una duda retórica: ¿Perder la paga extra de 1500 €, cuando el sueldo anual es de 21.000 €, supone el mismo sacrificio que rebajarse, motu proprio, 21.000 € de un sueldo  de 293.000 €?

De nuevo volvamos a los números, pero esta vez sazonados con las circunstancias familiares:

Funcionario "Don Nadie":  Tiene 14 pagas de 1500 € que ascienden a 21000 € al año. Tras meterle la mano en la cartera el ministro del ramo, la unidad familiar se queda con 19.500 €. Paralelamente, la luz, el agua, las tasas universitarias, el IVA, etc. se ponen por las nubes. Con bastante probabilidad, algún miembro de la familia puede estar en el paro, ya que según las estadísticas, más del 50 % de los jóvenes no encuentran trabajo. El panorama, si era relativamemente sombrío (los parados lo tienen aún peor), se convierte en gris, sin llegar a ser negro. ¡Al menos, al ser funcionario, el trabajo está asegurado! ¿O no?

Funcionario Rey: Tiene un sueldo anual de 293.000 €. Tras regalar al Tesoro voluntariamente unos 21.000 €, se queda con 272.000 €. No hay paro en esta familia. El Príncipe también recibe su asignación, la mitad aproximadamente. Su esposa e hijas también, además de los gastos de la Casa Real, también recortados. El empleo es fijo y hereditario.

¿Como se puede calificar este gesto de solidario?  Más bien parece una broma de mal gusto. A otros, como al  Secretario General de CCOO, la bajada del sueldo del rey Juan Carlos y del príncipe Felipe "son gestos y cortinas de humo que no disimulan la gravedad de las medidas que se están adoptando" (3) .

Tal vez no sea esta la solidaridad "Real" que espera gran parte de  la ciudadanía...
Viñeta de "Chumy Chúmez" (José María González Castrillo)
Punto y final

Probablemente a estas alturas (o harturas) de la entrada, el lector ya está mareado con tantas cifras y  letras  y se pregunte cuánta incongruencia intelectual y/o ética hay en estas subidas y bajadas porcentuales, aparentemente tan igualitarias. Obviamente no la hay si admitimos  la existencia de las desigualdaddes salariales o, en general, de las clases sociales, como si fuesen necesarias para mantener el orden económico y social establecido, al parecer  inmutable. Pero hay mucha incoherrancia, si pretendemos progresar, aunque sea lentamente, hacia un mundo  más justo, en donde otra economía sea posible.

Notas

(1) Al mantenerse constante la proporción, no habría  un incremento de riqueza relativo, si el exceso se emplease para contrarrestar el IPC, que afecta al funcionario pobre y al rico. No obstante, hay otras herramientas de cálculo para hacer que las subidas de los salarios sean  más justas. Por ejemplo, las subidas lineales, que consisten en subir la misma cantidad a todos los trabajadores/as. Se calcula, por ejemplo,  aplicando el % de aumento salarial al sueldo medio de los empleados y se aumenta esta misma cantidad a todos los salarios de la empresa. Esto hace que las proporciones entre los sueldos sean cada vez menores, progresivamente. No se puede aplicar esta fórmula a los recortes, porque el efecto que se consigue es el contrario: Las proporciones serían cada vez mayores. En este caso, parece más  lógico el descuento porcentual, pero con una amplia horquilla, que empiece en el 0 % para los salarios más bajos.

(2) Las cuentas en la actualidad son algo diferentes y más "justas". Hoy en día, el SMI es de 21,38 € al día, mientras que el de un Ministro es de 189 € (68982 € al año), unas 8,8 veces el SMI (en 1988 era de 14,9 veces). Recuerdan a la Banca Ética. Y he de reconocer que me sorprenden. Incluso estoy dispuesto a admitir que el sueldo de los ministros parece demasiado bajo en comparación con el de los alcaldes. Aunque esto tiene sus días contados. No obstante, tiene que haber gato encerrado.

(3) Por cierto, ¿cuánto cobrarán nuestros líderes sindicales? ¿Podemos saberlo? Yo lo he intentado, pero no lo he conseguido... aún.  Parte de la prensa le asignaba a Fernández Toxo un sueldo anual  de 114.000 € en 2010, mientras se rumorea que son solo 2200 € netos al mes los que percibe. Por otra parte, Méndez reconoció en el programa "Tengo una pregunta para usted" que ganaba unos 40.000 € al año.

(*) Una breve aclaración

Me temo que esta primera incoherrancia  está pasando sin pena ni gloria por el universo digital, a juzgar por el número de lecturas de su contador. Tal vez muchas personas, como los potenciales lectores/as de este blog,  opinan que la desigualdad de salarios es una contradicción moral tan obvia, que sobran las palabras y las justificaciones, como si fuese un asunto manido que no merece un minuto de nuestro tiempo en la red.
Sin embargo, no es un asunto cerrado y la mayor parte de la población considera que las diferencias salariales son justas, fruto de la inteligencia, de la titulación, del grado de responsabilidad, de la competividad empresarial, de la capacidad individual, del rendimiento, del mercado, de la oferta y la demanda y/o  de la suerte  de cada uno. De esta manera se convierten en racionales y éticas las subidas y los recortes directamente proporcionales a los salarios. Es decir,  ¡si la vida sube un 5 %, los sueldos tienen que subir lo mismo para todos!

De ahí que le dedicase a estas subidas y recortes esta extensa entrada, justificando por qué tanto las unas como los otros son incongruencias rancias  que  no sabemos, no queremos o no podemos eliminar. Tal vez no se haya entendido bien mi postura al respecto, por falta de precisión en mis  argumentos.

Pero, por mi forma de entender el mundo, esta incomprensión o  la apatía hacia mis reflexiones  no me desaniman a seguir en la misma línea. Lo he hecho tantas veces en defensa del laicismo y de la cultura científica, que esto no es para mí más que un aliciente estival más para seguir escribiendo.